SONDEO SOBRE EL ESTADO DE IMPLANTACIÓN DE LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resulta de especial importancia desde el punto de vista profesional la conclusión nº 12 de este informe, por cuanto a los condicionamientos propios de  cada organización, me hace pensar si los profesionales de los archivos y la gestión de documentos tenemos los deberes hechos en cuanto a nuestro ámbito competencial se refiere. Mas allá de la enumeración, que aparece en las Políticas de Gestión de documentos, ¿tenemos definidos y normalizados los procesos de gestión de documentos?. ¿podemos exigir la puesta en producción de los catálogos de procedimientos de una organización sin tener los nuestros definidos? ¿los procesos de gestión de documentos, determinados por el ordenamiento jurídico, deben de incluirse en los catalogos de procedimientos administrativos de la organización?. En fín… os dejo la reflexión, y buen verano.
“También es importante tener en cuenta el importante porcentaje de administraciones
locales que no disponen de archivo electrónico (ni tan siquiera único)
y la dificultad para tenerlo en 2018. Estamos muy lejos del e-archivo, que en
este momento es el talón de Aquiles de la e-administración. En el caso de la
Administración Local las dificultades apuntadas resultan de especial relevancia,
pues la fragmentación y dimensionamiento de la planta local multiplican los
problemas derivados de la escasez de medios. Resulta preciso, en este punto,
reclamar la asunción por parte de las Diputaciones Provinciales de su competencia
en materia de administración electrónica para los municipios de menos
de 20.000 habitantes, vigente ya desde diciembre de 2013” (Sondeo #Ley392015; 7)

 

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